Crisis de diciembre de 2001 en Argentina
La crisis de diciembre de 2001 en
Argentina fue una crisis financiera y política generada por la restricción a la
extracción de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de
ahorro denominada Corralito, que causaron la renuncia a la presidencia de
Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de 2001, y llevaron a una situación de
acefalia presidencial. La mayor parte de los participantes de dichas protestas
fueron autoconvocados, que no respondían a partidos políticos o movimientos
sociales concretos. Su lema popular fue: "¡Que se vayan todos!". En
los hechos murieron 39 personas por las fuerzas policiales y de seguridad,
incluyendo 9 menores.
El gobierno de Fernando de la Rúa había
asumido en 1999 en medio de una época de recesión, en parte favorecida por la
Ley de Convertibilidad, vigente desde 1991, que fijaba la paridad del peso de
Argentina y el dólar estadounidense. Si bien dicha política económica había
resultado efectiva durante los primeros años del gobierno de Carlos Menem, a
partir de 1997 comenzó a demostrar sus falencias. Para mantenerla saludable, se
necesitaba el ingreso de divisas (se refiere a toda moneda utilizada
en una región o país ajeno
a su lugar de origen). En un principio, éste fue equilibrado por los ingresos a
partir de las privatizaciones de empresas estatales y las pérdidas que estas
ocasionaban. No obstante, cuando ya no ingresó el dinero suficiente al país,
debido principalmente al bajo precio internacional de los granos, éste debió
refinanciar su deuda a intereses más altos para mantener la ley.
De la Rúa había decidido mantener la
ley, tal como fue prometido en su campaña electoral, lo que provocó que la
situación financiera fuera cada vez más crítica, aplicándose medidas como El
blindaje o El Megacanje, que consistían en endeudamiento exterior.
Durante los días y meses posteriores
siguieron sucediéndose protestas y cacerolazos.
El movimiento provocó en primer lugar la
renuncia de Fernando de la Rúa, lo que no frenó la crisis política.
El día 23 asumía la presidencia Adolfo
Rodríguez Saá del partido opositor. Entre sus medidas estaba la suspensión del
pago de la deuda externa, anuncio que fue hecho en el Congreso y acompañado por
aplausos por parte de los presentes. Además prometió que sería reintegrado el
dinero sustraído a los ahorristas (hecho que nunca sucedió) y la creación de un
millón de puestos de trabajo, a través de los denominados planes Trabajar.
También prometió un Presupuesto 2002 austero y un plan de trabajo integral.
El 30 de diciembre renunciaba Rodríguez
Saá, alegando falta de apoyo político,
lo que desencadenó una nueva ola de inestabilidad. El presidente de la
Cámara de Diputados Eduardo Camaño asumía el poder ejecutivo y también
convocaba a una Asamblea Legislativa para nombrar un nuevo presidente.
El 2 de enero de 2002 asumía Eduardo
Duhalde, el candidato a presidente del partido de la oposición que había
perdido ante De la Rua en 1999, como presidente interino, anunciando que serían
devueltos los montos sustraídos a la población en la misma cantidad en que habían
sido depositados, con la frase: "el que depositó dólares, recibirá
dólares", en la misma moneda en que éstos habían sido efectuados, así
garantizaba la paz social y el fin de la controvertida Convertibilidad.
Eduardo Duhalde, presidente interino
luego de los disturbios.
En su discurso de asunción Duhalde
sintetizaba la situación socio-económica de la siguiente forma:
"No es momento, creo, de echar
culpas. Es momento de decir la verdad. La Argentina está quebrada. La Argentina
está fundida. Este modelo en su agonía arrasó con todo. La propia esencia de
este modelo perverso terminó con la convertibilidad, arrojó a la indigencia a 2
millones de compatriotas, destruyó a la clase media argentina, quebró a
nuestras industrias, pulverizó el trabajo de los argentinos. Hoy, la producción
y el comercio están, como ustedes saben, parados; la cadena de pagos está rota
y no hay circulante que sea capaz de poner en marcha la economía"
La crisis llegó a un punto insostenible
el 29 de noviembre de 2001, cuando los grandes inversionistas comenzaron a
retirar sus depósitos monetarios de los bancos y, en consecuencia, el sistema
bancario colapsó por la fuga de capitales y la decisión del FMI de negarse a
refinanciar la deuda y conceder un rescate.
Para contrarrestar la fuga de capitales,
que ascendió a 81.800 millones de dólares, el 2 de diciembre se emitió un
mensaje en Cadena Nacional donde Cavallo (Ministro de Economía) anunciaba la
nueva política económica, que introdujo restricciones al retiro de depósitos
bancarios, denominada popularmente como Corralito. En un principio la medida
dictaba que el ahorrista sólo podía retirar 250 pesos cada semana, y que la
medida duraría 90 días, sin embargo se podían hacer pagos con cheques.
La reacción popular fue muy negativa,
especialmente la de la clase media, (teniendo en cuenta que la cifra de la
restricción de retiros de 1.000 dólares mensuales era superior a los ingresos
de la mayoría de la población) por lo que la crisis económica también desembocó
en una crisis política. Durante todo diciembre hubo protestas, aunque la
protesta masiva más importante estallaría los días 19 y 20 de diciembre.
Entre el 16 y el 19 de diciembre se
produjeron saqueos a supermercados.
El 19 de diciembre de 2001 hubo
importantes saqueos a supermercados y otra clase de tiendas en distintos puntos
del conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Esa noche el presidente De la Rúa
decretó el estado de sitio (El estado de sitio es
un régimen de excepción que debe ser declarado por el congreso de los
diputados a propuesta del gobierno. El estado de sitio representa un concepto
equivalente al de estado de guerra, y por ello se dan a las fuerzas armadas
facultades preponderantes para los actos de represión. Durante el 'estado de
sitio' quedan en suspenso las garantías constitucionales), y
posteriormente en la ciudad de Buenos Aires salieron miles de personas a la
calle a protestar contra la política económica del Gobierno que había
establecido un límite a la extracción en efectivo del sueldo con el objeto de
bancarizar la economía y mantener recursos dentro del sistema financiero (que
había padecido una importante corrida en las últimas semanas). Muchas protestas
se llevaban a cabo golpeando cacerolas, por lo que se las denominó Cacerolazos.
Se sucedieron también protestas durante
la madrugada del 20 de diciembre, frente a la casa del Ministro de Economía
Domingo Cavallo y en la Plaza de Mayo, que fueron reprimidas. A pesar del
estado de sitio decretado por De la Rúa, las calles de Buenos Aires y de otras
ciudades del país se llenaron de protestas. En la madrugada renunció el
ministro de Economía Domingo Cavallo.
En la mañana del 20 de diciembre
quedaban unos pocos manifestantes entre los que principalmente se encontraban
oficinistas, empleados, amas de casa, niños, y comenzaron a arribar miembros de
organizaciones políticas. Entre los integrantes de estas organizaciones
políticas que marcharon a la Plaza de Mayo se encontraban, entre otros, grupos
de piqueteros pertenecientes a la agrupación Quebracho.
La Casa Rosada, sede del Gobierno, en
ese momento no estaba cercada por vallas; cerca del mediodía se ordenó que se
colocara una valla de contención en la mitad de la Plaza, por lo que la policía
montada reprimió duramente a los manifestantes que quedaban.
Esta represión, que se transmitió por
todos los canales de televisión y radio, e incluso por emisoras
internacionales, en directo durante todo el día, generó que más grupos
políticos y manifestantes ocasionales se acercasen a la Plaza. Con el correr de
las horas los incidentes fueron creciendo en intensidad y se produjeron cuatro
muertes de manifestantes presumiblemente a manos de la policía, si bien las
investigaciones judiciales aún no han finalizado.
A las 16 horas, el presidente De la Rúa,
mediante un discurso transmitido por Cadena Nacional, anunciaba que no
renunciaría a la presidencia e instaba a la oposición y otros sectores a
dialogar abiertamente. El pedido fracasó.
Alrededor de las 19 horas, el presidente
De la Rúa renunció luego de que fracasaran sus intentos políticos de salvar al
Gobierno, saliendo de la Casa Rosada mediante un helicóptero. En esa jornada
también murieron muchas personas en ciudades del interior del país, totalizando
39 muertos como consecuencia de la represión en los dos días, entre ellos nueve
menores de 18 años.
El gobierno de Duhalde pudo, en parte,
estabilizar la economía, aunque la crisis social persistió, pudiéndose citar la
Masacre de Avellaneda, del 26 de junio de 2002 como una importante protesta.
